Anulación del artículo 10.2.b del Reglamento 1720/2007, de protección de datos

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 8 de febrero de 2012 ha anulado el artículo 10.2, letra b), del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

 

Este artículo 10.2.b del Reglamento de desarrollo de la LOPD establecía lo siguiente:

Artículo 10. Supuestos que legitiman el tratamiento o cesión de los datos.

1. Los datos de carácter personal únicamente podrán ser objeto de tratamiento o cesión si el interesado hubiera prestado previamente su consentimiento para ello.

2. No obstante, será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando:

a) Lo autorice una norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes:

El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas.

b) Los datos objeto de tratamiento o de cesión figuren en fuentes accesibles al público y el responsable del fichero, o el tercero a quien se comuniquen los datos, tenga un interés legítimo para su tratamiento o conocimiento, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

No obstante, las Administraciones públicas sólo podrán comunicar al amparo de este apartado los datos recogidos de fuentes accesibles al público a responsables de ficheros de titularidad privada cuando se encuentren autorizadas para ello por una norma con rango de ley.

Esta nulidad se ha declarado porque el apartado de “fuentes accesibles al público” excedía de lo delimitado por la Directiva 95/46.

 

¿Esto significa que se pueden tratar o ceder datos por interés legítimo sin consentimiento del afectado?

 

Pese a que se ha anulado el artículo en su totalidad este procede en su origen del artículo 6.2 de la LOPD, que señala en su articulado que se pueden tratar datos por interés legítimo siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales.

Artículo 6. Consentimiento del afectado.

1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

Por tanto, pese a la anulación del artículo del reglamento rige como límite al interés legítimo los derechos y libertades fundamentales, esto es, la normativa en protección de datos.

 

Asimismo, también el derecho al interés legítimo tiene como límite lo dispuesto en el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46, que tiene efecto directo en nuestra legislación.

 

f) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva.

 

En definitiva, se ha modificado el reglamento anulando la necesidad de que los datos figuren en fuentes accesibles al público pero se mantiene como límite al interés legítimo la vulneración de los derechos y libertades fundamentales.

 

En consecuencia, deben analizarse los casos particulares en que se pretenda tratar o ceder datos sin consentimiento del afectado, porque no puede establecerse un criterio claro de tratamiento.

 

Esta materia está tratada de forma muy pormenorizada por el Catedrático D. Juan José Marín en http://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/trabajos/28/2012/28-2012-1.pdf